Esta vez no quiero profundizar sobre ninguna rama concreta del Derecho o sobre ninguna noticia jurídica relacionada con las Nuevas Tecnologías. Lo que quiero compartir es una situación que estamos viviendo los que queremos dedicarnos el día de mañana a la Abogacía, a pesar de las muchas dificultades.

Para situar el contexto hago un breve resumen del camino que debemos recorrer aquellos que antes o después hemos decidido ser Abogados. Por supuesto tenemos que cursar la carrera de Derecho, aunque bien es cierto que hoy en día somos muchos los que hemos optado por sumar una carrera más al CV, o bien por vocación o bien por entender que necesitamos estar mejor preparados, todo en 5 años. Una vez que estos estudios han finalizado es obligatorio cursar un Master específico para acceder a la Abogacía, cuyo objetivo debe ser “mejorar la capacitación profesional de abogados en cuanto colaboradores relevantes de la Administración de Justicia”. Algunas veces la realidad revela que este tiempo supone otros 2 años más de estudios (algunos, con suerte, hemos realizado bastantes casos prácticos) en los que se hace un repaso de lo ya visto en la Carrera. Y cuando finalmente se consigue superar este Master, después de 7 años en los que sin duda los que llegan es gracias a que han tenido siempre muy clara su vocación y han sabido perseverar durante todo el camino, toca cruzar los dedos para que el Ministerio de Justicia convoque y ponga fecha, dentro de un plazo razonable, al examen a nivel nacional para, definitivamente, ser aptos para el ejercicio.

El pasado 29 de diciembre se publicó la convocatoria en el BOE por el Ministerio de Justicia (Orden PCI/1424/2018, de 28 de diciembre), aunque la fecha concreta y definitiva del examen sigue siendo desconocida. Seguimos, por tanto, en ese punto de cruzar los dedos, y parece que los tendremos cruzados durante algún tiempo todavía. Si echamos la vista atrás, otras promociones han conocido de esta fecha ya en el mes de noviembre, y han podido ir estudiando para examinarse en febrero. Es cierto que las Administraciones Públicas han sufrido bastante movimiento en el último año, y éste seguirá por lo menos hasta que acabemos las citas electorales que se avecinan en este 2019. Sin embargo, un Estado de Derecho no debería estar sujeto a los vaivenes políticos en cuestiones que son del día a día. No debería impactar lo extraordinario en lo ordinario para permitir seguir dando servicio a los clientes, los administrados, que en el caso que nos ocupa son los futuros abogados del país.

Toda esta situación no solamente genera un desconcierto por no saber cuándo podremos hacer el examen, si no que cada vez se va retrasando más la posibilidad de poder colegiarnos, con lo que esto implica. Muchos de nosotros estamos realizando prácticas en distintos despachos, pero esta situación no va a poder prorrogarse “in sæcula sæculorum”. En algún momento, como es normal, empezarán a exigirnos que un Abogado debe estar colegiado para hacer frente a distintas actuaciones. El objetivo que persigue el Master, y que se señalaba más arriba, de formar colaboradores de la Administración de Justicia, todavía no ha terminado de completarse.

En definitiva, este escenario está afectando a miles de estudiantes/juristas/futuros abogados en toda España. Lo que pedimos (permitidme aquí que hable en nombre de todos) es que aquellos que tienen en su mano la oportunidad de fijar un calendario definitivo, finalmente lo hagan y de esta forma el camino para ejercer esta profesión, que empezamos a recorrer hace un tiempo, llegue exitosamente a su destino.

Manuel Martínez González